La pena de muerte en Japón: El debate moderno sobre la vigencia de la pena capital en las sociedades democráticas e industrializadas
El pasado 29 de Agosto, dos presos
condenados a pena de muerte fueron ejecutados en Japón. Esta noticia ha
causado gran revuelo internacional, porque la cifra de ejecuciones desde
finales del 2012, fecha en el que llegó al poder el Partido Liberal Demócrata,
se ha elevado a once personas ejecutadas. Ello ha despertado el rechazo de
cierta parte de la comunidad internacional, especialmente de la unión europea,
la cual, a través del servicio europeo de acción exterior, expresó fuertemente
su rechazo frente a la pena de muerte "en todos los casos y bajo cualquier
circunstancia", ya que consideró que es una práctica "cruel e
inhumana y su abolición es esencial para proteger la dignidad humana"
(lainformacion.com, 2014). La relevancia de esta noticia radica en que
Japón es, junto con Estados Unidos, uno de los pocos países industrializados y
democráticos que aún ejecutan la pena capital.
Como es de esperarse, hay tanto
opositores como partidarios de la pena de muerte en Japón, siendo que, algunos
de los principales opositores son organizaciones internacionales activistas por
los derechos humanos. Tal es el caso de Amnistía Internacional, quien rechaza
categóricamente la pena de muerte en Japón, al considerar que el sistema
judicial nipón no da suficientes garantías a los presos y tiene graves
inconsistencias que, por un lado no permiten que se dé el debido proceso antes
de la condena del reo y por otro lado, cuando éste es condenado a la pena
máxima lo someten a lo que se ha denominado como “el corredor de la muerte”,
situación en la que el condenado permanece esperando por su ejecución, la cual
es llevada a cabo sin previo aviso.
El problema con el corredor de la
muerte es que aunque según lo establecido en la legislación japonesa, la ejecución
debe llevarse a cabo luego de los seis meses siguientes a la denegación de la
última apelación a la que tiene derecho el reo, un condenado pasa esperando su
ejecución en promedio entre 5 y 7 años, e incluso, existen casos extremos como
el de Hirasawa Sadamichi, un hombre que murió a los 95 años en prisión de
muerte natural, tras esperar por 32 años su ejecución. Esta situación es
considerada como inaceptable por Amnistía Internacional, porque las ejecuciones
se realizan sin previo aviso, lo que somete a los presos al sufrimiento de
esperar su muerte en todo momento por un tiempo prolongado e incluso, da cabida
a la aparición de enfermedades mentales en los presos, como se asegura en el
estudio Hanging by a thread: Mental health and the death penalty in Japan,
publicado en el año 2009 por Amnistía Internacional. De hecho, según la agencia
de noticias BBC Mundo, “Japón ejecuta en la horca a los condenados en el mayor
de los secretos, sin aviso previo a los reos y sin testigos” (BBC mundo, 2014).
Luego de las ejecuciones de estos dos presos, aún quedan 126 condenados a pena
de muerte esperando su ejecución.
A pesar de dichas consideraciones,
expresadas por los detractores de la pena capital, para los partidarios de la
misma, la pena de muerte es un instrumento válido del sistema judicial japonés
porque es aplicado a delitos considerados como especialmente graves, imponiendo
una condena ejemplar que castiga al delincuente y cumple con una importante
función disuasiva. Para ellos, si se evalúa la pena de muerte en términos de la
necesidad colectiva, puede verse que ésta es necesaria para conservar cierto
orden en la sociedad. En efecto, existe una gran favorabilidad a la pena de
muerte por parte de los ciudadanos japoneses, aunque esta puede explicarse más
porque la pena de muerte es una cuestión que se da por sentada en la sociedad
japonesa, que porque existan discusiones públicas sobre el tema, en las que
luego de un arduo proceso de reflexión, la mayoría de los japoneses hayan
llegado a la conclusión de que la pena de muerte tiene más beneficios que
implicaciones negativas.
Lo peor es que en Japón no existe
un debate vivo sobre la pena de muerte, como comenta Kawai Mikio en Nippon.com.
Y es que según comenta, muchos japoneses no tienen arraigada la idea de que un
condenado pueda tener derechos, y como los asesinatos y las condenas se ven
como algo lejano, la propia sociedad no le presta demasiada atención. Es
algo que ocurre ajeno a ella, y por tanto, no existe ese clamor popular por
abolirla. Aunque es cierto que cuando se pregunta a la opinión pública, el
porcentaje de opiniones favorables es muy alto. Pero como digo, no es algo que
el japonés medio tenga en la cabeza, ni algo sobre lo que exista un debate
(Japanismo, 2013).
Aunque en Japón no exista un
debate vivo sobre el tema de la pena de muerte, como ya se mencionó, sus
acciones están despertando cierta resistencia en el ámbito internacional,
dentro de la cual cabe resaltar la reiterada posición de la unión europea en
contra de las ejecuciones en Japón; ésta destaca por ser un anuncio que puso de
nuevo a la pena de muerte en el escenario del debate internacional. En los
últimos años Japón ha gestionado sus relaciones diplomáticas de una forma muy
cuidadosa y ha procurado mantenerse fuera de las críticas de las naciones
occidentales. Sin embargo, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, el
gobierno de turno no parece estar muy dispuesto a abandonar la pena de muerte,
sino que al contrario, desde el ascenso del Partido Liberal Demócrata, se ha
evidenciado un ascenso del número de ejecuciones.
Los dos hombres que fueron
condenados eran Mitushiro Kobayashi, de 56 años, ahorcado en Sendai por
incendiar una oficina de préstamo y matar a cinco personas; y Tsutomu
Takamizawa, de 59 años, jefe de un grupo "yakuza" ajusticiado en
Tokio por el asesinato de tres personas, según anunció el ministro japonés de
Justicia, Sadakazu Tanigaki (BBC mundo, 2014). A pesar de que como puede
deducirse a partir de dicha información, los presos ejecutados fueron condenados
por delitos graves que incluían varios asesinatos, lo que está en discusión en
este momento no es la inocencia o culpabilidad de los condenados, sino la
vigencia de la pena de muerte en las sociedades modernas e
industrializadas.
En conclusión, el debate sobre la
pena de muerte no puede cerrarse con una respuesta tajante, sino que debe haber
una discusión seria al respecto. Si bien es cierto que algunos criminales, como
los asesinos múltiples, son sometidos con mayor frecuencia a la pena de muerte
debido a la gravedad de sus crímenes, la pena de muerte puede generar
situaciones injustas y reprochables cuando se viola el debido proceso de los
condenados y se le da un peso excesivo a confesiones extraídas en condiciones
dudosas (como asegura Amnistía Internacional que sucede en Japón), ya que la
pena de muerte es un castigo que una vez ejecutado es irreversible y no da más
que una posibilidad simbólica de enmendar errores. En la medida en que ningún
sistema judicial es 100% eficiente a la hora de definir la culpabilidad o
inocencia de los condenados, la pena de muerte es un instrumento de alto costo
para la sociedad que decida emplearla, puesto que ésta deberá asumir que tendrá
que cargar con el peso de las ejecuciones injustas.
BIBLIOGRAFÍA
• BBC mundo. (29 de Agosto de
2014). Obtenido de
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/08/140828_ultnot_ejecutan_dos_condenados_en_japon_bd.shtml
• Japonismo. (13 de Septiembre de
2013). Recuperado el 1 de Septiembre de 2014, de Japón y la pena de muerte:
http://japonismo.com/blog/japon-y-la-pena-de-muerte
• lainformacion.com. (28 de Agosto
de 2014). Recuperado el 1 de Septiembre de 2014, de UE pide a Japón aplicar una
moratoria a la pena de muerte: http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/politicas-de-la-pena-de-muerte/ue-pide-a-japon-aplicar-una-moratoria-a-la-pena-de-muerte_o6lMUuyMRWRc9R0EJdRaG7/
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